Hoy en día, es difícil que en un discurso político no se mencione el término “innovación” y se resalte su importancia en el progreso de la sociedad y cuán relevante es para el desarrollo futuro. Ante esta paradoja, siempre está el socorrido refranero español y, entre los que sepodían utilizar al caso, propongo: “Una cosa es predicar y otra dar trigo “. Efectivamente, es mucho más fácil hablar o dar un consejo que poner en práctica lo que decimos o aconsejamos. Esa es la situación que atraviesa el apoyo de todas las administraciones públicas españolas al Sistema de Innovación.
Recientemente, el profesor de ESADE, Manuel Francisco Suárez-Barraza, ha publicado un estudio denominado “Process Innovation in Local Governments: an empirical study of its continuous improvement efforts” en el que analiza la innovación en diversos gobiernos locales y autonómicos españoles y plantea tres factores que influyen en la rapidez o lentitud en la que se puede desarrollar la innovación: La dimensión política debida a las directrices, decisiones y negociaciones; el ambiente de trabajo cultural en estructuras organizativas de carácter burocrático; y el fuerte énfasis en el cumplimiento de los requisitos legales y de las reglas.
El primer factor es la dimensión política; que implica responder a la pregunta: ¿en qué situación temporal nos encontramos?, es decir, ¿cuándo son las próximas elecciones?. Dependiendo de este horizonte el administrador actúa sólo a efectos del administrado y no fija directrices en políticas de carácter tecnológica, innovación y de apoyo empresarial. Cuando estas directrices están marcadas ya ha pasado gran parte de la legislatura.
El segundo factor es el “ambiente de trabajo burocrático”; aquí la influencia de las personas afectadas, o del entorno en que se mueven, es un factor que puede dificultar el proyecto provocando retrasos, e incluso bloqueos. Cualquier beneficiario de una ayuda de este tipo ha sufrido en sus “carnes” no sólo un proceso farragoso de justificación administrativa sino una cantidad de procesos de auditorías y reauditorías para cobrar una ayuda justificada y pagada previamente por la pequeña y mediana empresa; de tal forma que cuando llega el abono de los fondos es demasiado tarde. Me gustaría saber en este largo período de crisis, cuántas empresas españolas que apostaron en su día por el desarrollo de su I+D o por su innovación han recibido la liberación de ayudas de sus administraciones cuando ya no existían.
El tercer factor es el cumplimiento de requisitos legales y normas; por ejemplo, siempre me he preguntado… ¿Por qué es más difícil justificar una ayuda ante una administración autonómica que un proyecto europeo en el ya finalizado VII Programa Marco?. ¿No se puede tener un procedimiento similar?.
En resumidas cuentas, o arreglamos estas trabas o continuaremos lastrando el progreso. Gobernar y recortar es más difícil de lo que parece; y esto último se hace de forma inconsciente no sólo menguando los fondos presupuestarios sino desincentivando y desmotivando, que es lo que está ocurriendo en la empresa.