La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó hace unas semanas que “es verdad” que hay muchos jóvenes que han salido de España en busca de oportunidades por la crisis y que “eso se llama movilidad exterior” pues hay quien busca oportunidades “laborales y formativas”.
Esta fue la respuesta a una diputada socialista sobre las medidas que ha tomado el Gobierno ante la situación de los jóvenes que se tienen que ir de España a buscar empleo, especialmente los investigadores. “Lo que queremos es trabajar para el que quiera salir salga, pero para que el talento huido por la crisis vuelva cuanto antes”, señaló la Ministra.
Esta misma semana el presidente del Gobierno afirmó en la sesión de control del pleno del Congreso de los Diputados que “está haciendo todo lo que está en su mano por la comunidad científica”. La oposición lamentó el “desprecio” que demuestra el Gobierno hacia los investigadores reduciendo cada vez más sus partidas presupuestarias.
El jefe del Ejecutivo garantizó que en cuanto España supere una situación de “extrema dificultad”, se comprobará como aumentan las partidas destinadas a la I+D+I.
Durante décadas España ha sufrido una auténtica “fuga de cerebros” hacia el exterior que ha hecho disminuir el potencial nacional de forma progresiva y ha impedido el avance hacia una plena economía del conocimiento.
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La movilidad internacional es un factor crítico en el crecimiento económico y social de una región. Hay países de la Unión Europea que han tomado un papel pro-activo al decretar una legislación que facilita la entrada de investigadores extranjeros y suavizan las gestiones de los permisos de trabajo. El sistema de permisos británico ha traído con éxito a trabajadores del ámbito sanitario; Alemania, a principios de 2003, implantó las denominadas tarjetas “green” para fomentar el reclutamiento de investigadores; Dinamarca introdujo la “tarjeta de trabajo” para personas expertas en julio de 2002, etc.
Los científicos españoles se marchan al extranjero para continuar sus investigaciones, debido a la carencia de oportunidades y la escasa financiación. Cuando estos científicos pretenden dar el salto a la empresa hay pocas posibilidades de encontrar un puesto que se ajuste a su perfil o campo de investigación. Tantas trabas desalientan a muchos investigadores que, o bien abandonan su prometedora carrera, o bien deciden probar suerte en el extranjero.
Según el informe de Hacienda de 2012, Economía no gastó 75 millones de euros en subvenciones destinadas al “fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”, un concepto que incluye los principales programas de I+D públicos así como financiación para investigadores jóvenes. También hay otros 23 millones de euros en subvenciones sin emplear que fueron asignados a “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial”. En total, 98 millones que, al no haber sido gastados, volverán a las arcas públicas sin haberse dedicado a la ciencia mientras hay grandes centros de I+D al borde del colapso y cientos de investigadores esperando a que se les concedan becas, ayudas o, peor aún, se les pague lo que les deben.
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