El colectivo “Carta por la Ciencia” ha exigido a los parlamentarios y políticos «una rectificación inmediata de las políticas que se están implantando» en I+D+I y que, a su juicio, «llevan a la sociedad a la indignación y a la desesperanza». Los científicos han explicado, a través de una carta abierta, que el sistema científico español es «todavía reciente» y es la actual generación la primera que ha tenido un desarrollo profesional con medios vagamente equiparables a los países más avanzados.
En ella, se anima a la comunidad científica a expresar con contundencia el rechazo a las políticas suicidas del Gobierno y a que exijan al actual ministro de Economía y Competitividad que asuma sus responsabilidades políticas tras la literalmente “desastrosa estrategia adoptada». El Ejecutivo ha demostrado que la desaparición de la Investigación en el organigrama ministerial ha supuesto la destrucción paulatina del sistema de I+D+I español. Como ejemplo, destacan la aprobación de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 el pasado 7 de febrero. Un plan que a su juicio supone una nueva muestra de «la falta de ambición y compromiso del gobierno con la I+D+I, al plantear alcanzar en el 2020 el 2% del PIB, menos de lo que la media de la UE tiene ya hoy».
Para trabajar en este objetivo en la Comunidad Valencia existe desde hace ya más 30 años una tupida red de Institutos Tecnológicos, agrupados en REDIT, que bien orientados y apoyados por la administración regional deberían ser capaces de apoyar y hacer más competitivo al actual tejido empresarial. Y digo deberían porque la situación de estos centros es cada vez más débil, en términos financieros. Todo esto sería posible si estos centros pudiesen establecer presupuestos reales de los fondos de los programas regionales para asegurar su salud financiera y no depender de los recortes que se vienen haciendo desde hace tres años. Una vía de solución para esto sería la tramitación parlamentaria de la Ley de los Institutos Tecnológicos en las Cortes Valencianas. Una ley en la que REDIT y la Conselleria llevan trabajando desde hace años en la que se reconoce jurídicamente su naturaleza y se establecen los compromisos, derechos y deberes de éstos. Una ley que, en la anterior legislatura, estuvo a las puertas de su tramitación parlamentaria, antes de que la actual Conselleria la guardara en un cajón.
Las partidas presupuestarias de los programas de apoyo al colectivo de los 14 Institutos Tecnológicos han disminuido en un 39 % en tres años y en un 66 % a REDIT. A todo esto, hay que unir la ya conocida deuda acumulada por impago de compromisos de anualidades anteriores que se elevan a fecha de hoy a la friolera de 72 millones de euros, lo que ocasiona un estrangulamiento de la tesorería de todos los institutos. La situación que se vive es tan grave que se ha incurrido ya en una decena de EREs y ha supuesto la salida de más de 220 trabajadores.
Si nuestro objetivo nacional es alcanzar un 2% de gasto en I+D+I para 2020 y en la Comunidad Valenciana llegamos en 2011 al 1,01%, muy por debajo del 1,33% de la media española, hagan cuentas. A mí desde luego no me salen. Nuestra I+D+I está tocada y a punto de ser hundida. Cuando queramos reflotarla quizá sea ya demasiado tarde.